Es una herramienta que permite planear la creación de nuevos reglamentos, reformas o cualquier otra disposición administrativa, cuya finalidad es evitar la creación indiscriminada de regulaciones y con ello obligaciones para los ciudadanos. Los sujetos obligados deberán presentar su agenda regulatoria ante la autoridad de mejora regulatoria en los primeros cinco días de los meses de mayo y noviembre de cada año, y se someterán a una consulta pública por un plazo mínimo de veinte días; las opiniones vertidas en la consulta pública mismas que no tendrán carácter vinculante.